Maricarmen Abascal, de 87 años, fue desalojada el 23 de septiembre de 2026 del departamento en el que vivía desde hacía siete décadas, en el barrio de Retiro, Madrid. La ejecución judicial llegó después de varios aplazamientos y de un conflicto por la continuidad de su antiguo contrato de alquiler.
La mujer pagaba 500 euros mensuales por la vivienda. La empresa propietaria reclamó inicialmente 2.650 euros y posteriormente planteó una renta de 1.650 euros. Ambas cifras superaban su pensión de 1.350 euros al mes.
El caso de Maricarmen en Madrid reunió frente al edificio a vecinos y organizaciones de inquilinos que intentaron frenar el desalojo. También volvió a poner en discusión qué ocurre con los contratos de renta antigua cuando fallece el titular original y el inmueble cambia de propietario.
Por qué se produjo el desalojo de Maricarmen
Maricarmen vivía en el piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda desde 1956, cuando su padre firmó el contrato. Tras la muerte de él, su madre continuó como inquilina y, después del fallecimiento de esta en 2005, la hija permaneció en la vivienda.
Se trataba de un contrato sujeto al régimen de renta antigua, con condiciones distintas de las que rigen para los alquileres actuales. La disputa judicial giró en torno a si Maricarmen podía seguir ocupando el inmueble mediante una segunda subrogación del contrato.
Los tribunales dieron la razón a la propiedad sobre la finalización de ese vínculo contractual. Según la abogada de Maricarmen, su representada continuó abonando los 500 euros que venía pagando y no se negó a afrontar el alquiler.
El edificio fue vendido en 2018 a Renta Corporación. Dos años más tarde, la empresa ofreció a Maricarmen comprar el piso por 247.000 euros, una cantidad que ella dijo no poder pagar. Posteriormente, la vivienda pasó a manos de Urbagestión, la propietaria que reclamó una renta más alta.
Cómo fue el desalojo en el barrio de Retiro
La ejecución se concretó en el cuarto intento. Durante la mañana, agentes policiales retiraron a las personas que permanecían en el acceso al edificio para permitir el ingreso de la comisión judicial.
Maricarmen, que tiene movilidad reducida y una discapacidad reconocida del 50%, salió del inmueble en camilla. Una ambulancia la trasladó al hospital Gregorio Marañón para una revisión médica. Después optó por alojarse con familiares.
La concentración había comenzado la noche anterior. Activistas, vecinos y figuras públicas acudieron a la zona para acompañarla y pedir que se suspendiera el procedimiento. La Delegación del Gobierno señaló que la actuación policial respondía a una orden judicial.
Las propuestas presentadas para evitar la salida
Antes del desalojo, una escritora que solicitó mantener su identidad en reserva se ofreció a cubrir la diferencia entre los 500 euros que pagaba Maricarmen y los 2.650 euros reclamados por la propiedad. La propuesta, trasladada a través de representantes de la inquilina, no fue aceptada por la empresa.
El Ministerio de Vivienda informó que había intentado mediar para adquirir el departamento, sin alcanzar un acuerdo con Urbagestión. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había solicitado suspender el desalojo mientras examinaba el caso o facilitar una alternativa habitacional adecuada.
Qué muestra el caso sobre el alquiler en Madrid
La situación de Maricarmen se produjo en una ciudad donde el costo de alquilar aumentó de forma sostenida. Según los anuncios analizados por Idealista, el precio medio en Madrid alcanzó los 23,3 euros por metro cuadrado en agosto de 2026, un 5,1% más que un año antes.
La cifra también supera ampliamente los 12,8 euros por metro cuadrado registrados en agosto de 2016. Ese indicador refleja los precios de las viviendas anunciadas y no equivale necesariamente a lo que pagan todos los inquilinos que ya tienen un contrato vigente.
El debate sobre la vivienda en España incluye la falta de oferta frente a la formación de nuevos hogares, el aumento de los alquileres y las reglas aplicables a contratos firmados hace décadas. En el caso de Maricarmen, esas cuestiones se cruzaron con su edad, sus ingresos y las dificultades para encontrar otra vivienda accesible.
