En medio de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut, se produjo un nuevo cruce entre el Gobierno nacional y actores judiciales y sociales de la región. Mientras el Ministerio de Seguridad atribuyó el origen del fuego a comunidades mapuches, el fiscal jefe de Lago Puelo negó esa versión y cuestionó la falta de sustento en la acusación.
Acusación oficial del Ministerio de Seguridad
Durante el fin de semana, el Ministerio de Seguridad volvió a señalar públicamente a las comunidades mapuches como responsables de los incendios forestales que se desarrollan en la Patagonia. En un comunicado oficial, el organismo afirmó que en Chubut “se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego” y sostuvo que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada“.
La acusación fue presentada en el contexto de una situación crítica por la expansión del fuego en distintas zonas boscosas, y retomó una línea discursiva utilizada en años anteriores por distintos gobiernos nacionales ante episodios similares.
Intervención del fiscal de Lago Puelo
El fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, rechazó de manera directa la hipótesis difundida por el Gobierno nacional. En declaraciones radiales, negó que existan elementos judiciales que permitan vincular a las comunidades mapuches con el inicio de los incendios.
Al ser consultado sobre la versión oficial, el funcionario judicial afirmó: “No, no, está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad en la que vivimos“. Además, precisó que el foco inicial del incendio se localizó entre las localidades de El Hoyo y Puerto Patriada, sin que hasta el momento haya pruebas que respalden la acusación difundida por el Ministerio de Seguridad.
Desmentida de versiones difundidas en redes sociales
El fiscal también se refirió a otras hipótesis que circularon en redes sociales y medios digitales, donde se señalaba a ciudadanos extranjeros como presuntos responsables del inicio del fuego. En ese sentido, Díaz Mayer descartó esas versiones y señaló que no forman parte de la investigación judicial.
En relación con esos rumores, el fiscal expresó: “Se dicen en los medios un montón de cosas que no están en la realidad objetiva de la causa”, remarcando la diferencia entre la información verificada en el expediente y las especulaciones que circulan públicamente.
Respuesta de comunidades mapuches y organizaciones sociales
Tras las declaraciones del Gobierno nacional, diversas comunidades mapuches y organizaciones sociales difundieron un comunicado conjunto en el que repudiaron la acusación oficial. En el texto, señalaron la falta de planificación estatal frente a los incendios y recordaron antecedentes recientes en la región.
En el documento, destacaron la ausencia de políticas preventivas luego de los incendios ocurridos el año anterior en Epuyén y señalaron: “después de lo vivido el año pasado en Epuyen, donde se destruyeron más de 70 viviendas y la mayoría no se han reconstruido. Aún con ése panorama no hubo ninguna previsibilidad, ni con tanques australianos, ni raleos de bosques de pinos. Y ni hablar de los trabajadores del Manejo del Fuego, brigadistas, con contratos precarizados, de los cuales se despidió casi el 50 por ciento de los trabajadores, en este último año”.
Críticas a la falta de recursos y prevención
Las comunidades y organizaciones también remarcaron que la respuesta ante los incendios provino principalmente de la propia población local. En el comunicado señalaron que “toda la comarca participa de la ayuda, se piden motobombas, totem de agua, traslados voluntarios” y agregaron que “no es desidia es una decisión”, en referencia a la ausencia de intervención estatal.
Asimismo, pusieron en valor el trabajo comunitario que se desarrolla en las zonas afectadas y detallaron: “Grupos organizados en distintas cocinas preparan viandas para quienes están en zonas de riesgo, todo con donaciones o poniendo plata de sus bolsillos. Recursos resueltos comunitariamente”.
Cuestionamientos a la criminalización del pueblo mapuche
En otro tramo del texto, las organizaciones señalaron que la reiteración de los incendios responde a la falta de inversión y de políticas de prevención sostenidas en el tiempo. En ese sentido, plantearon: “¿Porque se repite el fuego? Porque no están los recursos, porque no hay prevención y como siempre llegan tarde. ¿Y cuál es la respuesta, monotemática del gobierno? Culpar al pueblo Mapuche“.
También hicieron referencia a causas judiciales previas y allanamientos realizados en viviendas de comunidades mapuches durante 2025, y advirtieron sobre un proceso de criminalización sostenido. En el comunicado expresaron: “¿Eso sigue ahora? Van a volver a usarnos como chivo expiatorio. ¿Para conformar a quién?“.
Llamado al repudio social de las acusaciones
Las comunidades firmantes apelaron a la sociedad para rechazar las declaraciones oficiales sin respaldo judicial. En ese marco, señalaron: “Apelamos a la conciencia social a que repudiemos estos dichos sin prueba, tal como lo mencionó el Fiscal Diaz Mayer”.
Denuncia sobre desalojos y efectos del fuego
El comunicado concluyó con una denuncia sobre las consecuencias estructurales de los incendios en la región y su impacto sobre las comunidades locales. En ese tramo, afirmaron: “Nos están desalojando a punta de fuego. Año a año usan el fuego como una estrategia de gentrificación. Usan el odio y el racismo para generar división. Nosotros sí queremos como pueblo que el fuego se apague. Que nuestros animales vivan, que pu pichikeche no tengan miedo, que los lawen no desaparezcan, que las aguadas no se sequen, y el alerce milenario se mantenga en pie”.
