Un fallo judicial ordenó a una automotriz y a una concesionaria a cumplir con la entrega de un vehículo y el pago de una indemnización millonaria, tras una demanda vinculada a un plan de ahorro automotor. El caso involucra múltiples incumplimientos contractuales y una resolución que ya quedó firme.
La sentencia establece que las empresas deberán entregar una camioneta en el domicilio del cliente afectado y abonar una compensación económica que, según la ejecución del fallo, asciende a aproximadamente 65 millones de pesos.
El inicio del conflicto con el plan de ahorro
El caso comenzó cuando un trabajador de Jáchal accedió en 2017 a un plan de ahorro automotor promocionado a través de Instagram para adquirir una camioneta. Tras contactarse con una concesionaria ubicada en la provincia de Buenos Aires, inició el pago de cuotas mensuales con el objetivo de adjudicar la unidad.
En ese proceso, el cliente decidió vender su vehículo para reunir dinero adicional y adelantar pagos, con la intención de obtener la adjudicación más rápidamente. Según lo planteado en la causa, logró cumplir con los requisitos iniciales del sistema de licitación del plan.
Sin embargo, la entrega del vehículo no se concretó en el lugar acordado inicialmente, lo que dio inicio a una serie de reclamos administrativos y posteriores acciones judiciales.
Durante el conflicto contractual, el usuario fue derivado a distintas sedes para firmar documentación, lo que generó demoras y nuevas complicaciones en la ejecución del acuerdo original.
Problemas en la adjudicación y cobros adicionales
Según el expediente judicial, pese a haber cumplido con los requisitos de adjudicación, el cliente no recibió la camioneta y la concesionaria habría modificado las condiciones del proceso. Esto incluyó la negativa a entregar el vehículo en la provincia originalmente acordada.
Además, se cuestionó la falta de reconocimiento de pagos adelantados realizados por el usuario, los cuales no fueron aplicados al saldo del plan ni devueltos. Esta situación derivó en reclamos ante organismos de defensa del consumidor.
El conflicto se agravó cuando, pese a la finalización del plan, continuaron emitiéndose cuotas adicionales, lo que generó un excedente de pagos respecto del contrato inicial.
Intervención judicial y medidas cautelares
Tras el inicio de la demanda, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenaba suspender el cobro de cuotas y evitar la rescisión del contrato mientras avanzaba el proceso. Sin embargo, en el expediente se indicó que dicha orden no habría sido acatada en su totalidad.
El caso continuó su curso en tribunales civiles, donde se analizaron las pruebas presentadas por ambas partes, incluyendo los contratos, los pagos realizados y las comunicaciones entre el cliente y la concesionaria.
Posteriormente, una primera sentencia reconoció los incumplimientos contractuales y dio lugar a una indemnización inicial, la cual fue apelada por ambas partes.
La Cámara Civil revisó el expediente y confirmó la responsabilidad de las empresas involucradas, con ajustes en los montos de la condena.
Confirmación del fallo y monto de la indemnización
El tribunal de segunda instancia sostuvo que existieron incumplimientos reiterados en la relación contractual, además de demoras injustificadas en la entrega del vehículo y en la resolución del conflicto administrativo.
Los jueces también evaluaron la conducta de las empresas frente a los reclamos del consumidor, señalando la falta de respuesta adecuada durante el proceso judicial y previo a él.
En la resolución final, se estableció una indemnización compuesta por distintos rubros, incluyendo daño moral, daño punitivo y otros conceptos derivados del incumplimiento contractual. El monto total quedó fijado en aproximadamente 65 millones de pesos.
Además, se incorporaron intereses y sanciones adicionales por demoras en la ejecución de la sentencia, lo que incrementó el total a pagar por las empresas demandadas.
El fallo quedó firme tras la ausencia de recursos extraordinarios, consolidando la obligación de entrega del vehículo y el pago de la indemnización establecida por la Justicia.
