Bolivia atraviesa una nueva etapa de tensión política y social luego de que el Gobierno de Rodrigo Paz declarara el estado de excepción por 90 días y ordenara el despliegue de las Fuerzas Armadas para intervenir en rutas bloqueadas por manifestantes.
La medida fue tomada en medio de una crisis que se extiende desde hace más de siete semanas, con un impacto directo en el transporte, el abastecimiento y la actividad económica. Hasta el momento, se registraron al menos 14 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos.
El decreto busca restablecer la circulación en carreteras estratégicas, garantizar el traslado de alimentos, combustibles y medicamentos, y reforzar la seguridad en infraestructura considerada clave para el funcionamiento del país.
El Gobierno activó el estado de excepción
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó durante la madrugada el Decreto Supremo 5636, que establece el estado de excepción en todo el territorio boliviano. La sesión había sido convocada para la noche del sábado, aunque comenzó cerca de la medianoche.
Con esta decisión, las autoridades habilitaron la participación de efectivos militares junto a la Policía para avanzar en el despeje de rutas y recuperar el tránsito en zonas afectadas por los cortes.
Según la postura oficial, el decreto no implica la suspensión de las garantías constitucionales. Sin embargo, la norma prohíbe los bloqueos de caminos y el uso de explosivos u otros elementos considerados violentos durante las manifestaciones.
El Ejecutivo sostiene que la prioridad es evitar un mayor deterioro económico y asegurar la distribución de productos esenciales en las principales regiones del país.
Una crisis marcada por bloqueos y protestas
Las movilizaciones comenzaron hace más de 50 días en rechazo al ajuste económico impulsado por el Gobierno. Entre las medidas cuestionadas aparece la eliminación de subsidios a los combustibles, en un contexto de escasez de dólares y dificultades fiscales.
Los cortes de ruta afectaron principalmente los accesos a La Paz, Cochabamba y otras ciudades, generando demoras en el transporte de mercaderías y problemas en el abastecimiento de alimentos, combustibles y productos básicos.
La situación también repercutió en la atención sanitaria, debido a las complicaciones para trasladar insumos médicos y garantizar la circulación de pacientes en algunas zonas del país.
El conflicto político detrás de las protestas
Desde el Gobierno se afirma que los bloqueos responden a un intento de desestabilización institucional y se responsabiliza a sectores vinculados al expresidente Evo Morales por promover las movilizaciones.
Morales rechaza esas acusaciones y sostiene que las protestas están relacionadas con el deterioro de la economía, el malestar social y el rechazo a las políticas aplicadas por el Ejecutivo.
Militares y policías comenzaron a liberar carreteras
Tras la entrada en vigencia del estado de excepción, fuerzas militares y policiales fueron desplegadas en diferentes puntos del país para intervenir en carreteras consideradas estratégicas.
Las autoridades indicaron que el operativo tiene como objetivo restablecer la libre circulación y reducir el impacto de los bloqueos sobre la economía, el comercio interno y la provisión de servicios esenciales.
Distintas organizaciones sociales advirtieron que la presencia militar podría agravar el conflicto si no se habilitan nuevos canales de diálogo con los sectores que continúan movilizados.
El rol de la Asamblea Legislativa
La Constitución boliviana establece que el decreto presidencial debe ser revisado por la Asamblea Legislativa, que cuenta con un plazo de hasta 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.
Mientras avanza ese proceso institucional, Bolivia permanece bajo un escenario de alta tensión, con bloqueos todavía activos y una creciente incertidumbre sobre la evolución de la crisis política y social.
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