La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías y reduce el alcance de los subsidios al gas natural. La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.
La medida forma parte de la estrategia oficial para ordenar el esquema de asistencia energética y generar un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones, según datos atribuidos a la Secretaría de Energía.
El respaldo legislativo se consiguió luego de negociaciones con gobernadores y bloques provinciales, especialmente de distritos del norte, donde se discutieron posibles “compensaciones” vinculadas al suministro de energía en zonas consideradas cálidas.
Qué cambia con el nuevo esquema de Zonas Frías
El proyecto limita la bonificación de hasta el 50% en la tarifa de gas a la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna. De esta manera, quedarían fuera varias jurisdicciones incorporadas en la ampliación aprobada en 2021.
La reforma anterior había extendido el beneficio a partir de criterios bioambientales y elevó el universo de usuarios alcanzados de unos 950.000 hogares a cerca de 4 millones de usuarios residenciales con gas por red.
Entre las provincias con departamentos excluidos aparecen Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, La Pampa y Tucumán.
Desde el oficialismo sostienen que los usuarios con mayor necesidad podrán conservar la asistencia a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, siempre que cumplan con las condiciones previstas.
Quiénes podrían mantener el subsidio al gas
El texto oficial contempla que los hogares con ingresos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales puedan inscribirse para sostener el beneficio. También se incluyen casos con documentación social o condiciones especiales.
Entre los grupos mencionados figuran personas con Certificado Único de Discapacidad, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP y ex combatientes de Malvinas.
La oposición cuestionó el alcance de la modificación y advirtió que muchos hogares podrían enfrentar subas en las boletas de gas al quedar fuera del régimen vigente.
También señaló que el cambio en la base de cálculo podría impactar incluso en usuarios que continúen dentro del esquema, debido a la exclusión de componentes vinculados al transporte y la distribución.
El rol de las provincias en la votación
La aprobación fue posible por el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, el MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, La Neuquinidad, Independencia y otros bloques provinciales.
Los tres diputados de Elijo Catamarca se abstuvieron, mientras que otros representantes provinciales acompañaron el proyecto tras las negociaciones abiertas con la Casa Rosada.
El Gobierno buscó asegurar apoyos mediante conversaciones con mandatarios provinciales que reclamaban garantías sobre beneficios energéticos para distritos del norte argentino.
El proyecto pasa ahora al Senado
Tras la media sanción en Diputados, la iniciativa será enviada al Senado, donde las provincias tienen mayor peso político y podrían abrirse nuevas negociaciones sobre el alcance final de la reforma.
El tratamiento en la Cámara alta será clave para definir si el recorte de subsidios al gas queda aprobado en forma definitiva o si el proyecto sufre modificaciones antes de convertirse en ley.
La discusión se desarrollará en un contexto marcado por el objetivo oficial de reducir el gasto público y por los reclamos de sectores opositores que consideran que la medida trasladará más costos a los usuarios residenciales.
Otros temas tratados en la misma sesión
Durante la jornada, el oficialismo también avanzó con la denominada Ley Hojarasca, destinada a eliminar normas consideradas obsoletas, y con una serie de tratados internacionales.
Además, los bloques aliados al Gobierno bloquearon el intento opositor de impulsar una interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por cuestionamientos vinculados a su situación patrimonial.
La sesión comenzó con cruces reglamentarios entre el oficialismo y la oposición, debido a la intención de sectores opositores de avanzar con otra convocatoria legislativa en paralelo.
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