Un caso ocurrido en una sala de bingo en Bahía Blanca derivó en una resolución judicial que obliga a una empresa a pagar un premio millonario que inicialmente fue rechazado. La decisión incorpora además una indemnización adicional y sanciones por el trato recibido por el cliente.
El hecho se originó cuando un apostador obtuvo un premio superior a $22 millones en una máquina tragamonedas, pero el establecimiento sostuvo que se trataba de un error y se negó a abonarlo. Tras el conflicto, el caso fue llevado a la Justicia.
Según lo determinado en el expediente, el jugador recibió dos comprobantes tras una jugada: uno de menor valor y otro con el monto millonario. El personal del lugar solo reconoció el pago del ticket menor.
Ante esta situación, el apostador decidió iniciar un reclamo formal, lo que desencadenó una disputa legal sobre la validez del premio y el funcionamiento del sistema de juego.
Cómo ocurrió el hecho en la sala de juego
El episodio tuvo lugar durante la madrugada del 13 de agosto de 2022, cuando el cliente utilizaba una tragamonedas, un sistema donde los resultados dependen del azar.
Durante una de las partidas, la máquina emitió señales de premio y generó dos tickets distintos. Uno correspondía a una suma menor, mientras que el segundo indicaba un valor cercano a $22.898.627,80.
El personal del establecimiento informó que el ticket de mayor valor respondía a un supuesto fallo técnico y rechazó su pago, argumentando un error del sistema.
Horas después, representantes del bingo ofrecieron montos inferiores para cerrar el conflicto, propuestas que fueron rechazadas por el jugador al exigir el pago completo del premio.
Posteriormente, el establecimiento decidió restringir el ingreso del cliente, lo que fue interpretado como una medida vinculada al reclamo iniciado.
Argumentos presentados ante la Justicia
Durante el proceso judicial, la empresa sostuvo que el ticket millonario carecía de validez debido a un supuesto mal funcionamiento de la máquina.
También se indicó que el límite máximo de premios del equipo era significativamente menor, lo que, según la defensa, invalidaba el monto registrado.
El tribunal evaluó las pruebas y concluyó que no se acreditó de forma concreta la existencia de una falla técnica que justificara la negativa de pago.
Además, se estableció que cualquier riesgo vinculado al funcionamiento del sistema debe ser asumido por el proveedor del servicio y no por el usuario.
Resolución judicial y sanciones económicas
El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca ordenó el pago del premio completo, actualizado según el Índice de Precios al Consumidor y con intereses desde la fecha del hecho.
La sentencia incluyó también una compensación por daño moral de $5 millones, vinculada al trato recibido por el cliente durante el conflicto.
Adicionalmente, se impuso una multa de $4,3 millones en concepto de daño punitivo, al considerar que la prohibición de ingreso constituyó una represalia de carácter discriminatorio.
El monto total a percibir podría alcanzar aproximadamente los $40 millones, teniendo en cuenta las actualizaciones e indemnizaciones establecidas.
El fallo dispuso además el levantamiento inmediato de la restricción de acceso al establecimiento y asignó las costas del proceso a las empresas demandadas.
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