La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, quien continuará cumpliendo la pena de seis años de prisión en su residencia ubicada en San José 1111, en el marco de la causa Vialidad. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal 2, que evaluó el comportamiento de la expresidenta durante el período de control.
El tribunal analizó distintos informes oficiales y concluyó que la exmandataria cumplió con las condiciones impuestas para el régimen domiciliario, incluyendo el respeto a las reglas de permanencia, visitas y monitoreo electrónico.
En ese contexto, el juez federal Rodrigo Giménez Uriburu indicó que la exfuncionaria “ha cumplido adecuadamente” con las pautas fijadas por la Justicia, lo que permitió sostener la continuidad del beneficio.
Evaluación judicial del cumplimiento
El magistrado solicitó informes detallados sobre los movimientos y condiciones de detención de la expresidenta dentro del domicilio. Los resultados indicaron que respetó las normas establecidas por el tribunal.
Los datos fueron aportados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP), organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las medidas.
Según el informe trimestral de la DCAEP, durante las visitas domiciliarias realizadas de forma aleatoria, la exmandataria mantuvo un trato adecuado con los profesionales y respondió a los requerimientos establecidos.
En ese período se registró una única salida autorizada por la Justicia para una consulta médica, la cual se desarrolló sin inconvenientes.
Control de visitas y monitoreo electrónico
El tribunal señaló que las visitas recibidas en el domicilio se ajustaron a los permisos otorgados previamente, sin registrarse irregularidades relevantes en su desarrollo.
En uno de los casos se detectó una demora en el ingreso de una visitante, situación que fue justificada ante las autoridades correspondientes.
El sistema de monitoreo electrónico tampoco reportó anomalías durante el período evaluado, lo que reforzó la decisión judicial de mantener la modalidad domiciliaria.
Contexto social y actividad política
Durante el tiempo analizado, se registraron movilizaciones en las inmediaciones del domicilio, aunque el tribunal indicó que no generaron alteraciones en la convivencia del vecindario ni derivaron en quejas formales.
El 1 de septiembre, Máximo Kirchner encabezó un acto en el lugar en el que se hizo referencia a una eventual participación política futura de la expresidenta.
En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner realizó presentaciones públicas en las que afirmó contar con nuevos elementos vinculados a las causas judiciales en trámite.
Embargos y situación patrimonial
La decisión sobre la prisión domiciliaria se conoció luego de que el tribunal confirmara el embargo preventivo de bienes pertenecientes a la expresidenta y a otros condenados en la causa.
Entre los activos alcanzados se encuentra el propio departamento de San José 1111, en el marco de una medida orientada a garantizar un eventual decomiso.
El monto estimado del perjuicio económico investigado asciende a aproximadamente $685.000 millones, cifra que forma parte del expediente judicial.
Otras investigaciones en curso
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó recursos presentados por la expresidenta y sus hijos vinculados a posibles decomisos de propiedades de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A..
En simultáneo, se analiza la compra de un departamento ubicado en el mismo edificio por parte de una dirigente vinculada a La Cámpora, quien declaró que el inmueble sería destinado a una fundación.
También se confirmó que otro dirigente político posee una unidad dentro del mismo edificio, lo que amplía el contexto de las investigaciones relacionadas con el entorno del inmueble.
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