La Justicia federal avanzó con nuevas medidas patrimoniales en el marco de la causa Vialidad y dispuso el embargo de bienes vinculados a la expresidenta Cristina Kirchner. La resolución incluye el inmueble ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, junto con otras propiedades y activos.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes ya habían intervenido en el fallo condenatorio. La medida responde a un pedido impulsado por los fiscales del caso.
Según lo dispuesto, el embargo busca cubrir un monto estimado en 685 mil millones de pesos, cifra que surge del supuesto perjuicio económico atribuido en la causa judicial.
Alcance del embargo sobre propiedades
La resolución judicial no se limita al inmueble de Constitución, sino que se extiende a diversas propiedades vinculadas a la familia Kirchner. Entre ellas se encuentran inmuebles en El Calafate, Río Gallegos y departamentos ubicados en barrios como Recoleta y Puerto Madero.
También se incluyeron terrenos, edificaciones y activos relacionados con emprendimientos hoteleros en la provincia de Santa Cruz, así como unidades funcionales como cocheras y depósitos.
El objetivo de la medida es asegurar bienes suficientes para responder ante una eventual ejecución vinculada a la causa judicial en curso.
Extensión a familiares y sociedades
Debido al volumen del embargo, la medida alcanza también a bienes vinculados a Florencia Kirchner y Máximo Kirchner. En ese contexto, se solicitó información sobre cuentas bancarias y cajas de seguridad.
La decisión incluye además propiedades registradas a nombre de sociedades comerciales relacionadas con el grupo familiar, ampliando el alcance del proceso patrimonial.
Estas acciones forman parte de una estrategia judicial orientada a garantizar el cumplimiento de eventuales obligaciones económicas derivadas del fallo.
Situación del decomiso y posibles apelaciones
De acuerdo con lo informado, el decomiso de los bienes no es definitivo y no se prevé un remate inmediato de las propiedades afectadas por la medida.
La defensa de la expresidenta cuenta con la posibilidad de apelar la resolución, lo que podría modificar el alcance o los tiempos del proceso judicial en curso.
El expediente continúa en desarrollo y las decisiones adoptadas podrán ser revisadas en instancias superiores.
Otros imputados alcanzados por la medida
La resolución también incluye al empresario Lázaro Báez, cuyos bienes serán embargados en función de las acusaciones en su contra dentro de la misma causa.
Asimismo, otros imputados enfrentan medidas similares sobre sus propiedades, en línea con la investigación por presunta defraudación al Estado.
El avance de estas medidas refleja la continuidad del proceso judicial y el alcance patrimonial de las decisiones adoptadas por el tribunal.
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