La Justicia de Estados Unidos rechazó una apelación presentada por la Argentina y dejó vigente una sentencia que obliga al país a pagar más de US$390 millones por el proceso de expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en el litigio iniciado por Titan Consortium, el fondo que busca ejecutar un laudo internacional relacionado con la estatización de la compañía aérea concretada en 2008.
Qué resolvió la Justicia de Estados Unidos
El tribunal estadounidense desestimó el recurso mediante el cual la representación argentina intentaba revertir el reconocimiento judicial de la deuda. De esta manera, quedó confirmada la sentencia de primera instancia que había resultado favorable para Titan Consortium.
El monto reconocido supera los US$390,9 millones y puede continuar acumulando intereses mientras permanezca pendiente de pago. La resolución representa un nuevo revés para el Estado argentino en los tribunales internacionales y estadounidenses.
Cómo comenzó el reclamo por Aerolíneas Argentinas
El conflicto se originó después de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, empresas que se encontraban bajo el control del grupo español Marsans cuando fueron transferidas al Estado argentino.
Los antiguos propietarios llevaron el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, conocido como CIADI, un organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial.
En 2017, el CIADI emitió un laudo favorable para los demandantes. La Argentina presentó posteriormente un pedido de anulación, pero esa solicitud fue rechazada en 2019, por lo que el reclamo continuó avanzando por diferentes instancias.
Quién es Titan Consortium y por qué reclama el pago
Los derechos vinculados con el litigio fueron transferidos con el paso de los años hasta quedar en manos de Titan Consortium. Desde 2021, el fondo intenta conseguir que la Justicia estadounidense reconozca y permita ejecutar el laudo dictado por el CIADI.
Los laudos del organismo internacional no se cobran automáticamente. Por ese motivo, los acreedores deben recurrir a tribunales nacionales para obtener una sentencia que reconozca la obligación y habilite medidas destinadas a recuperar el dinero.
En 2024, un tribunal estadounidense reconoció el reclamo y ordenó a la Argentina pagar aproximadamente US$390,9 millones más intereses. El Estado apeló esa decisión, pero el nuevo pronunciamiento mantuvo vigente la condena.
El acuerdo que finalmente no se concretó
Durante noviembre de 2024, las partes habían avanzado en una negociación sobre el monto, las condiciones y los plazos de pago. Ese proceso abrió la posibilidad de cerrar el expediente sin continuar con nuevas acciones judiciales.
Sin embargo, la Argentina modificó posteriormente su estrategia, no canceló la sentencia y decidió continuar con la apelación. Ante esa situación, Titan retomó los procedimientos orientados a ejecutar el fallo.
Qué puede ocurrir después del fallo
Con la apelación rechazada, el fondo demandante puede mantener sus intentos de localizar activos soberanos argentinos que puedan ser utilizados para cobrar la deuda. Este tipo de procedimientos suele generar nuevas discusiones sobre la inmunidad de los bienes estatales.
No todos los activos pertenecientes a un Estado pueden ser embargados. Los tribunales deben determinar si los bienes están protegidos por inmunidad soberana o si tienen una utilización comercial que permita avanzar con su ejecución.
La dificultad para identificar propiedades o cuentas que cumplan con esos requisitos puede extender el proceso, aunque la sentencia reconocida mantiene la obligación económica contra la Argentina.
La relación entre el caso y la estatización de 2008
La transferencia de Aerolíneas Argentinas al Estado fue aprobada por el Congreso a fines de 2008. La medida incluyó las acciones de Aerolíneas Argentinas, Austral y otras compañías vinculadas con las operaciones del grupo.
Las diferencias sobre la valuación de las empresas se convirtieron en uno de los principales puntos del conflicto. Mientras el Estado sostuvo que las compañías tenían una situación patrimonial negativa, los accionistas reclamaron una compensación por la expropiación.
El nuevo fallo no modifica la propiedad actual de Aerolíneas Argentinas, pero mantiene abierta una obligación financiera derivada del procedimiento utilizado para concretar su estatización.
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