El Parlamento de Israel aprobó una reforma legal que habilita la aplicación de la pena de muerte por terrorismo, generando reacciones políticas y cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos. La medida introduce cambios en el sistema judicial y establece diferencias en su aplicación según el tipo de tribunal.
Aprobación de la reforma en la Knéset
El pleno de la Knéset dio luz verde a la normativa el lunes 30 de marzo de 2026 con 62 votos a favor y 48 en contra. La legislación establece la posibilidad de aplicar la pena capital por ahorcamiento a personas condenadas por asesinatos considerados actos de terrorismo.
Alcance de la nueva legislación
El texto aprobado dispone que los tribunales militares deberán imponer esta pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada que sean declarados culpables de este tipo de delitos, salvo excepciones que no han sido detalladas en la normativa.
Diferencias entre tribunales militares y civiles
La ley introduce una distinción en su aplicación según el ámbito judicial. Mientras los tribunales militares quedan obligados a dictar la pena de muerte en determinados casos, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes pueden optar por cadena perpetua y deben cumplir requisitos adicionales para aplicar la pena capital.
Participación del gobierno en la votación
El primer ministro Benjamín Netanyahu estuvo presente durante la sesión parlamentaria y respaldó la reforma con su voto. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, referente de una línea política de corte ultranacionalista.
Reacciones tras la aprobación
Luego de la votación, se registraron episodios dentro del recinto parlamentario, incluyendo un intento de celebración por parte de uno de los promotores de la ley que fue interrumpido. Minutos después, se informó sobre un lanzamiento de misiles desde Irán hacia la zona de Tel Aviv, lo que incrementó la tensión en el contexto regional.
Críticas y cuestionamientos legales
Durante el debate parlamentario, representantes de la oposición expresaron su rechazo a la medida. El diputado Matti Sarfatti afirmó: "La ley es populista, inmoral, no igualitaria", y la calificó como "claramente inconstitucional". Diversas organizaciones también han advertido sobre una posible aplicación desigual de la normativa.
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