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13 febrero 2026

Trabajadores de apps rechazan la reforma laboral y advierten pérdida de derechos

Repartidores de apps cuestionan la reforma laboral y alertan que debilita la protección legal y las instancias de reclamo.

Representantes de los trabajadores de aplicaciones de reparto expresaron su rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Desde el sector sindical afirmaron que la iniciativa no mejora sus condiciones y sostienen que el nuevo marco normativo perjudica los derechos adquiridos.

Imagen Ilustrativa.

Rechazo sindical a la iniciativa oficial

Desde el Sindicato de Repartidores de Apps (SiTraRepa) señalaron que el proyecto no contempla las particularidades del trabajo en plataformas digitales y que su implementación consolidaría un esquema de precarización laboral. La organización aseguró que la reforma no representa un beneficio para quienes realizan tareas de reparto en bicicleta o moto.

En este contexto, la conducción del sindicato sostuvo que la norma propuesta “legaliza la esclavitud moderna”, en referencia a la pérdida de garantías legales frente a las empresas de tecnología.



Críticas al artículo sobre seguros laborales

La secretaria general del sindicato Belén D’Ambrosio, cuestionó uno de los artículos centrales del proyecto. En su análisis, remarcó que el texto plantea una negociación desigual entre repartidores y compañías multinacionales.

"El artículo 11 de la ley dice que podríamos obtener un seguro de común acuerdo con el empleador como si nosotros, que pedaleamos con nuestras propias bicicletas y nuestro propio celular, pudiéramos negociar en igualdad de condiciones con los dueños de Rappi y Pedidos Ya”, ironizó la secretaria general del Sindicato de Repartidores de Apps (SiTraRepa), en diálogo con Radio 750.



Defensa de los mecanismos legales actuales

La dirigencia gremial advirtió que la legislación vigente permite a los trabajadores iniciar juicios laborales y presentar reclamos ante situaciones como bloqueos de cuentas o accidentes durante la jornada. Según explicaron, estos recursos se apoyan en los convenios colectivos y en el marco general del derecho laboral.

"Nosotros hoy todavía podemos llevar adelante juicios, reclamos frente a un bloqueo de cuenta, frente a un accidente, porque estamos amparados en la ley laboral actual. Los convenios colectivos actuales nos permiten llevar adelante litigios y nos permiten defendernos. Con esta contrarreforma lo que hacen es dejarnos sin ninguna herramienta para defendernos”, explicó la secretaria general de SiTraRepa.



Responsabilidad del Estado y condiciones impuestas por las empresas

Desde el sindicato sostuvieron que existe una falta de control estatal sobre las empresas de aplicaciones, lo que habilita a que se establezcan condiciones de trabajo sin cumplir con las obligaciones legales correspondientes. En ese escenario, los repartidores quedan expuestos a decisiones unilaterales por parte de las plataformas.

Además, denunciaron que muchas de estas compañías operan sin canales formales de reclamo y que la ausencia de regulación efectiva facilita prácticas consideradas fraudulentas.

Ingresos y reclamos por remuneraciones

Otro de los puntos señalados fue el nivel de los pagos por entrega, que según el sindicato resulta insuficiente frente al costo de vida y a los gastos que afrontan los trabajadores, como mantenimiento de bicicletas, uso de teléfonos móviles y conexión a internet.



"Estamos cobrando 1500 pesos por un pedido entregado, una miseria, no se paga ni un alfajor con eso”, denunció D’Ambrosio. “No tenemos instancias donde plantear reclamos porque son empresas fantasma y el Estado, de manera abierta, permite que las empresas cometan este fraude”.

Cuestionamientos al argumento oficial

El Ejecutivo sostiene que la reforma beneficiaría al sector de los repartidores. Sin embargo, desde el sindicato rechazaron esa interpretación y afirmaron que el proyecto responde a intereses empresariales antes que a la protección de los trabajadores.

La organización remarcó que cualquier modificación legal debería contemplar la relación de dependencia encubierta y garantizar derechos básicos como seguros, estabilidad y mecanismos de reclamo efectivos.

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