Un nuevo capítulo de conflicto por la tenencia de tierras se desarrolla en Villa la Angostura, donde dos comunidades mapuches mantienen bloqueado el ingreso a un predio ubicado en Bahía Huemul, a unos 35 kilómetros del centro urbano. La medida fue adoptada tras el vencimiento del plazo judicial que ordenaba su desalojo.
Resistencia frente a una medida judicial firme
El viernes pasado concluyó el periodo otorgado por el Poder Judicial de Neuquén para que las comunidades lof Quintriqueo y Melo desocupen voluntariamente el terreno que habitan desde hace más de una década. Frente a la inminencia del uso de la fuerza pública, ambas comunidades instalaron barricadas y manifestaron públicamente su decisión de resistir cualquier intento de expulsión.
"No nos vamos a ir. Nuestra idea de permanecer en el territorio es para siempre", expresó Noelia Huenumil, vocera del grupo.
La decisión judicial que ordena el desalojo tiene respaldo en el título de propiedad presentado por la dueña del lote, quien acredita la titularidad desde 1973. A pesar de ello, las comunidades mapuches insisten en su derecho sobre el lugar bajo el argumento de preexistencia territorial ancestral.
Un conflicto que se arrastra desde 2011
El litigio comenzó en diciembre de 2011, cuando miembros de ambas comunidades ingresaron al terreno, destruyeron el candado del acceso y comenzaron una construcción precaria. Un acta notarial dejó constancia de los hechos, incluyendo un encuentro con la propietaria, a quien uno de los ocupantes informó —portando un machete— que se trataba de una "recuperación territorial".
Desde entonces, el caso pasó por distintas instancias judiciales. En 2016, un juez civil de Junín de los Andes ordenó el desalojo y la restitución del inmueble. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificó esa decisión. No obstante, la ejecución de la orden fue postergada en diversas ocasiones.
La defensa legal y los argumentos de las comunidades
La representación legal de las comunidades está a cargo de Luis Virgilio Sánchez, miembro de la Gremial de Abogados de la República Argentina, quien intentó detener el desalojo a través de distintos mecanismos legales. Uno de los argumentos principales es la Ley 26.160, que establece un relevamiento territorial y la suspensión provisional de desalojos en tierras reclamadas por pueblos originarios. Sin embargo, según la parte querellante, dicha normativa sólo contempla ocupaciones anteriores al año 2005.
Por su parte, las comunidades alegan que sus antecesores habitaban esas tierras desde 1928. “El lote nunca fue ocupado antes. Nosotros, como descendientes de una familia pionera, estamos cansados de deambular con nuestros animales. Creemos tener un derecho legítimo ganado por nuestros mayores”, afirmaron voceros de la comunidad.
Acusaciones contra el gobierno provincial
La situación generó una fuerte crítica hacia el gobierno de Neuquén. Las comunidades involucradas denunciaron un "abandono total" por parte de las autoridades y señalaron directamente al gobernador Rolando Figueroa y al ministro Jorge Tobares, acusándolos de no intervenir para frenar el desalojo. "Serán responsables de lo que ocurra con nuestros niños, ancianos e integrantes de nuestras lof", advirtieron en un comunicado público.
Una disputa sin reconocimiento oficial
Cabe destacar que las comunidades en cuestión no cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo encargado de acreditar la personería jurídica y el relevamiento territorial de los pueblos originarios en Argentina. Esta falta de reconocimiento agrava la situación jurídica de los ocupantes, debilitando los fundamentos legales de su permanencia en el predio.
Presión creciente en un entorno judicial definido
A pesar de que las instancias judiciales ya se han agotado, la implementación del desalojo sigue enfrentando obstáculos. El caso pone en tensión la aplicación de los derechos de propiedad, el respeto a la preexistencia indígena y la intervención del Estado en la resolución de los conflictos territoriales en la Patagonia.
La situación permanece en estado crítico, con barricadas activas en el acceso al lote, la intervención de la Confederación Mapuche de Neuquén y la amenaza latente de un operativo de desalojo forzoso que podría desatar nuevos focos de conflicto social.
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