Presos podrán tener celulares, tablets o notebooks en sus celdas. La medida ya generó controversia en las redes.
La medida ya generó polémica, no solamente en las redes, sino en el ámbito político. La misma va en contra a lo establecido por la Ley de Ejecución Penal. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora?
Presos podrán tener celulares, tablets o notebooks en sus celdas. La medida ya generó controversia en las redes.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Chaco autorizó el uso de dispositivos móviles, portátiles y tablets a personas que se encuentren privadas de su libertad en dependencias y comisarías del Servicio Penitenciario y de Readaptación.
La dirigente de la Unión Cívica Radical, Marilyn Canata se refirió con respecto a esta controversial medida y afirmó que "Esta resolución tiene por objeto de garantizar los derechos de los presos a la comunicación y que, en caso de sufrir algún apremio ilegal por parte de las fuerzas, puedan comunicarse con los responsables de Derechos Humanos de forma inmediata"
También destacó que "En mi provincia hay numerosas escuelas que no tienen forma de comunicarse al no haber teléfonos, televisión por cable ni computadoras para docentes y niños. Pero los presos, que cometieron un delito y están privados de su libertad, sí tienen derechos"
El Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial, salió a aclarar que "dicho instrumento tiene como fin principal facilitar la comunicación de las personas privadas de su libertad, con su familia y defensores. Así también como efectivizar el acceso a la información y educación, en miras a su reinserción social"
Esta aclaración surge sobre diversas opiniones periodísticas acerca de la Resolución 676 del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco, la cual regula al uso de dispositivos móviles o celulares en personas que se encuentran privadas de su libertad.
También detallan que "en tal sentido, se ha elaborado un protocolo que deberá ser cumplido estrictamente por las personas que se encuentren detenidas, de manera que los dispositivos deben encontrarse legamente adquiridos y debidamente registrados a fin de poder ser utilizados intra muros"
Por último especificaron que "el Estado no se hará cargo de la compra de los equipos celulares y/o electrónicos ni del coste del servicio de mantenimiento, lo que deberá ser solventado por la persona detenida".
La polémica ya está instaurada.
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