Una vez más, los salarios del Congreso se ubican en el centro de la controversia. A partir del próximo mes, los senadores nacionales percibirán más de 9,5 millones de pesos en bruto, luego de aplicarse un nuevo incremento ligado a las paritarias del personal legislativo. La medida, aprobada en silencio y sin debate público, profundiza la distancia entre la clase política y la situación económica del ciudadano común.
Aumentos automáticos por paritarias del personal legislativo
El reciente aumento salarial no fue producto de una sesión abierta ni de un proyecto debatido. Fue la consecuencia directa del acuerdo paritario alcanzado para los empleados del Congreso. Al tener sus haberes indexados al sistema de módulos del personal legislativo, los senadores se beneficiaron con una actualización del 1,3% en marzo, retroactiva, que se aplicará también en abril y mayo bajo el mismo mecanismo.
La firma de la paritaria estuvo avalada por los presidentes de ambas cámaras: Martín Menem, por Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado. Este tipo de actualizaciones automáticas fue aprobado en abril de 2024, en una sesión breve y sin objeciones.
Un nuevo esquema: módulos, representación y desarraigo
Desde aquel cambio reglamentario, el salario de un senador se compone de 2.500 módulos correspondientes al sueldo básico, más 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 módulos por desarraigo. Este último concepto lo perciben casi todos los legisladores, excepto cuatro excepciones.
Con la actualización del valor del módulo a $2376,04, el total bruto mensual asciende a más de $9,5 millones. La cifra supera ampliamente el ingreso promedio nacional y refuerza las críticas sobre los privilegios de la clase política.
Una dieta adicional para "compensar" el aguinaldo
En abril de 2024, se agregó también una dieta mensual extra para "compensar" el medio aguinaldo, aunque no se trata de un bono oficial ni de un suplemento transitorio. Esta decisión fue adoptada en conjunto por senadores del oficialismo y la oposición.
La única senadora que se excluyó de este esquema fue Alicia Kirchner, quien optó por conservar su jubilación como ingreso principal al momento de ingresar a la Cámara alta.
El congelamiento que duró hasta marzo
Durante el segundo semestre de 2024, y luego de una fuerte exposición mediática, los senadores acordaron congelar sus sueldos hasta el 31 de diciembre. Con la caída de esa resolución, la presión recayó sobre la presidenta del Senado. Villarruel extendió el congelamiento hasta el 31 de marzo de 2025, durante el receso legislativo, aclarando que sería su última intervención unilateral sobre este tema.
La medida fue interpretada como un pase de responsabilidad a los bloques parlamentarios, que desde entonces tienen la potestad de definir cualquier nueva modificación a las dietas en el recinto.
Ruptura con el kirchnerismo y parálisis del debate
Tras nuevas tensiones internas, el bloque kirchnerista anunció que no participará más en votaciones sobre el tema de las dietas, y que deja en manos del oficialismo y los sectores "dialoguistas" cualquier resolución futura. En declaraciones recogidas por el medio nacional Infobae el 17 de mayo, un senador con peso en el espacio de José Mayans advirtió: "Nos hartaron. Que hagan lo que quieran".
Otro legislador, cercano a Cristina Kirchner, afirmó: "Si hay libertarios y dialoguistas consternados con esto, que se pongan de acuerdo y resuelvan con Villarruel. Nosotros no nos metemos más".
Presión sindical y rol activo de los legisladores
El aumento salarial se da en un contexto en el que los gremios legislativos, especialmente APL, liderado por Norberto Di Próspero, habían comenzado a reclamar nuevas paritarias. Tras meses de bajo perfil, el sindicato presionó a través de los interbloques del Frente de Todos, que terminaron cumpliendo tareas que, en teoría, corresponden a las organizaciones gremiales.
Este patrón de connivencia y silencios funcionales ha sido común a distintas administraciones, tanto del kirchnerismo como del macrismo, y ahora, bajo el gobierno libertario, se mantiene vigente.
Inestabilidad administrativa y tensiones internas
El secretario administrativo del Senado, Emilio Viramonte Olmos, se encuentra en el centro de otra controversia. Su renuncia no oficializada amenaza con derivar en un nuevo escándalo institucional. La vicepresidenta había prometido devolverle facultades que le fueron retiradas a su antecesora, María Laura Izzo, pero hasta ahora no ha cumplido con esa promesa.
Mientras tanto, Villarruel refuerza su control político con movimientos selectivos: promueve figuras cercanas, castiga opositores internos y continúa delineando una estructura de poder interna que despierta tanto adhesiones como rechazos. En paralelo, Menem observa a distancia, beneficiado por la escasa transparencia de la Cámara baja, históricamente reticente a publicar documentación oficial.
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