En medio de un conflicto salarial que afecta al principal hospital pediátrico del país, el Gobierno nacional respondió a las denuncias por falta de recursos. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró en conferencia de prensa que el Hospital Garrahan no está desfinanciado y responsabilizó a la administración anterior por el desbalance en la asignación de fondos. La situación se da en el marco de una convocatoria a paro y el inicio de una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano.
Señalan exceso de personal administrativo frente al cuerpo médico
Durante su intervención ante los medios, Adorni sostuvo que el hospital "no está desfinanciado" y afirmó que "los recursos están, pero se destinaron a financiar la planta administrativa". Según detalló, el hospital cuenta con 478 médicos de planta y alrededor de 953 empleados administrativos, lo que representa un 66% de personal no médico frente a un 33% de profesionales de la salud.
El vocero también señaló que hubo un incremento del 10% en el presupuesto del hospital en comparación con el año anterior. Sin embargo, los bajos salarios de médicos y enfermeros siguen generando una profunda crisis laboral: un residente que trabaja jornadas extenuantes, incluyendo seis guardias de 24 horas por mes, percibe unos 790 mil pesos mensuales, mientras que un enfermero con una década de antigüedad ronda los 900 mil pesos. Estos montos, según los propios trabajadores, se encuentran por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo.
Adorni responsabiliza al gobierno anterior
El portavoz oficial atribuyó la actual situación a decisiones tomadas durante la gestión de Alberto Fernández. "Aumentaron un 59% los cargos jerárquicos, se crearon 1200 puestos nuevos y el presupuesto terminó favoreciendo a la estructura administrativa", dijo Adorni. También remarcó que las protestas suelen coincidir con cambios institucionales o con la implementación de nuevos controles, como el sistema biométrico que comenzará a regir el 1 de junio.
"Es llamativo que los reclamos surjan días antes de implementar medidas de control de ingreso y egreso del personal", expresó el funcionario, haciendo referencia a la resistencia a ciertos cambios organizativos. Añadió que la conducción actual del hospital busca redirigir los fondos "donde deben estar: los pacientes".
La viceministra de Salud refuerza la postura oficial
En línea con lo expresado por Adorni, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, hizo públicas sus declaraciones a través de redes sociales, donde criticó el desbalance presupuestario. "El presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico", manifestó, calificando la situación de "insólita".
Loccisano defendió el proceso de reestructuración interna que está llevando adelante la actual gestión del hospital, con apoyo del ministerio. Aseguró que el problema no es la falta de fondos, sino cómo estos se utilizan. "La medicina no puede sostener una estructura donde la burocracia pesa más que la salud de los chicos", afirmó. También respaldó la implementación del sistema biométrico como medida para mejorar la transparencia y la gestión del recurso humano.
Conciliación obligatoria ante el paro de residentes
La tensión alcanzó un nuevo punto crítico cuando el personal médico convocó a un paro de 24 horas en reclamo por el atraso salarial. En respuesta, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria a través del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.
La resolución, difundida por la agencia Noticias Argentinas, establece un período de 15 días para retrotraer la situación al estado anterior al conflicto. La medida busca suspender las medidas de fuerza mientras se desarrolla el procedimiento de conciliación, conforme a lo estipulado en el Artículo 11 de la normativa vigente.
Debate abierto sobre la administración de recursos en salud
El conflicto en el Hospital Garrahan expone un problema estructural en el sistema de salud pública: la distribución de recursos entre los distintos sectores del personal y la prioridad que se otorga a las funciones administrativas. Mientras el Gobierno insiste en que no hay falta de financiamiento, los datos sobre renuncias masivas, salarios bajos y condiciones laborales deterioradas alimentan un debate cada vez más visible en la agenda pública.
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